Diputados expresan a titular de Sedatu inquietudes sobre desvío de recursos y clonación de tarjetas

En la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, ante el Pleno cameral, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM externaron sus inquietudes sobre probable desvío de recursos, clonación de tarjetas para afectados por los sismos de 2017, Fondo Minero, desincorporación de terrenos nacionales y viviendas abandonadas.

La funcionaria explicó que de 170 mil tarjetas entregadas, se clonaron solamente 249, las cuales fueron bloqueadas de inmediato y los recursos fueron protegidos, no desaparecieron. También, dijo “que no hay ninguna denuncia en su contra. Voy a ser una ciudadana que le hará frente a cualquier autoridad, porque tengo las manos limpias y la conciencia tranquila”.

En la segunda ronda de preguntas y respuestas, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) señaló que la ciudadanía merece una respuesta de que hayan pasado desapercibidos miles de millones de pesos de Sedatu y de Sedesol, pues el daño moral que se ha hecho a la nación es muy grave. “Hicieron cómplices a las personas de más escasos recursos, al comprar los votos y a muchas universidades, todo para perpetuar el PRI en el poder. Llevaron al Estado a una bancarrota moral”.

Su compañera de bancada, diputada María Beatriz López Chávez insistió en que no todo está bien. “Miente usted, no tiene la conciencia tranquila ni las manos limpias; el desvío de recursos lo hicieron once dependencias. Esta red de corrupción debe aclararse y debemos exigir que se abra una investigación a profundidad y los funcionarios implicados vayan a juicio”.

Rosario Robles rechazó que las universidades hayan sido cómplices de un esquema de triangulación de recursos. “No lo acepto, nadie lo ha probado y si hubiera algún funcionario de Sedesol, Sedatu o de las universidades responsables, tendrán que responder”.

Puntualizó que existen instituciones encargadas de investigar, de procurar justicia y de fincar delitos si los hay; además, precisó, está la Auditoría Superior de la Federación. “Tengo la tranquilidad de saber que esas instituciones van a estar ahora en manos de un partido diferente al que gobernó en este sexenio y el tiempo dirá la verdad. Creo cabalmente en la justicia y es la que va a prevalecer”.

De Acción Nacional, el diputado Raúl Gracia Guzmán calificó como un cinismo que se diga que la llamada “Estafa Maestra”, fue orquestada por las universidades contratadas, a las cuales no se les puede investigar, porque son autónomas. Consideró una “desfachatez” decir que el 98 por ciento de las tarjetas fueron cobradas, cuando existen casos de plásticos clonados y saqueados. “Lo que se acusa es que no fueron cobradas por quienes fueron víctimas de los sismos; fue un fraude desde el gobierno”.

Hizo un llamado al nuevo gobierno y a sus bancadas, “para que aprendamos de estas fallas. Que los programas sociales asistencialistas, generen industria, empleo, crecimiento educativo y económico”. Preguntó si está dispuesta a pedir disculpas al país y a los afectados por los sismos, cuyas tarjetas fueron clonadas.

Rosario Robles expuso que la clonación solamente correspondió a 249 casos de 170 mil tarjetas entregadas, y éstas fueron inmediatamente bloqueadas y los recursos protegidos para las familias a las que estaban destinadas.

Añadió que tan sólo en cinco bancos comerciales, hay un promedio de 250 mil tarjetas clonadas al año. “Aquí, en el caso de Bansefi, de 170 mil estamos hablando de 249. Estos datos hablan, por sí solos; no requerimos de mayor vehemencia. Aquí están los hechos, objetivos y contundentes, y está, sobre todo, la paz social en esas entidades donde se dio esa reconstrucción”.

La diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI) externó su reconocimiento a la titular de Sedatu y lamentó que “con ligereza, irresponsabilidad y cinismo se le ofende, lo que denigra a esta Cámara”.

Su compañero de bancada, diputado Carlos Pavón Campos, resaltó que en esta administración se logró un gran ejercicio de justicia social y se creó, por primera vez, el Fondo Minero y se conformó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los estados y municipios mineros. Con esta política pública, se han beneficiado 8.4 millones de mexicanos.

En su respuesta, la titular de Sedatu reiteró que los contratos celebrados con las universidades y con los sistemas estatales son legales; el dinero no está desaparecido y llegó a estas instituciones por un servicio, y estas entregaron el servicio, tanto a la Sedesol como a la Sedatu. Los fondos fueron canalizados a combatir la pobreza y no hacer palacios municipales ni comprar camionetas. El 70 por ciento del país fue reorientado hacia sus verdaderos objetivos, que es el de combatir la pobreza y la desigualdad.

Puntualizó que no hay ninguna denuncia en contra “de mi persona; la Auditoría Superior de la Federación, cuando establece una observación, se pasa a un proceso de solventación de esa Cuenta Pública y en ese proceso estamos. Si tiene pruebas, establezca denuncias ante la PGR o las responsabilidades ante los órganos internos de control. No hay una sola prueba. Yo no voy a tener fuero y voy a ser una ciudadana que le hará frente a cualquier autoridad, porque tengo las manos limpias y la conciencia tranquila”.

Claudia Báez Ruiz, diputada del PES, pidió conocer cuándo y cómo se decide la desincorporación de terrenos nacionales y cómo se puede saber que no implica pérdidas monetarias o ambientales para la población, “pues hay casos que han trascendido en los medios sobre ventas irregulares de estos espacios nacionales”.

Además, inquirió qué tipo de sanciones o denuncias ha efectuado la Sedatu ante irregularidades en alguna desincorporación, porque cuando se hace mal uso de terrenos nacionales, se margina a los grupos sociales más vulnerables.

La funcionaria federal subrayó que estos terrenos son, precisamente, propiedad de la nación, y resaltó que desde la Sedatu se ha hecho un esfuerzo enorme durante este sexenio, para recuperar espacios nacionales de gran valor que, indebidamente, estaban en manos de particulares.

Afirmó que el 70 por ciento de las titulaciones que se han hecho de terrenos nacionales, fue en este gobierno y son por mandato del Tribunal Superior Agrario o de los Tribunales Unitarios Agrarios. “Nosotros tenemos que titular, por decisión de esos jueces, porque en caso de no hacerlo, estaríamos en un desacato y damos un pleito tremendo con abogados de siete mil, ocho mil, 10 mil pesos que paga la Sedatu; con funcionarios o servidores públicos, frente a despachos multimillonarios que defienden a estos predios”.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) afirmó que el desempeño de Rosario Robles en la Sedatu es muy cuestionable; pudo haber sido una mujer histórica, pero será “la maestra de la estafa”. Luego de los sismos de septiembre de 2017, continuó, la corrupción salió a flote, ya que el dinero para la reconstrucción no llegó a quienes más lo necesitaban.

Precisó que en Iztapalapa –demarcación que representa, a más de un año de los fenómenos naturales, aún se encuentran 645 casas con riesgos altos e inhabitables; por ello, preguntó: ¿dónde están los recursos para la reconstrucción y cuál ha sido la estrategia para atender a los afectados?

Rosario Robles indicó que, después de los sismos del año pasado, “todo el gabinete trabajó. El Presidente de la República nos asignó cerca de 300 territorios y municipios, para atender esa emergencia”. En Iztapalapa, indicó, se realizó un censo junto con la delegada y se reconstruyeron casas; el 80 por ciento de las tarjetas de apoyo, agregó, se entregó en la capital del país.

Mencionó que el 19 de septiembre “se nos pidió no abandonar entidades, y así se hizo”. Agregó que para la entrega de tarjetas de apoyo, los beneficiados firmaron una carta compromiso para iniciar su proceso de reconstrucción con asistencia técnica de Conavi, gobiernos estatales y locales y mujeres voluntarias.